Frente a los 163.376 juicios por delito celebrados, en el año 2018 se dictaron un total de 159.552 sentencias. De ellas, un año más el índice de sentencias conformes con la posición del Fiscal (tanto condenatorias como absolutorias) fue del 70% en los Juzgados de lo Penal y del 71% ante las Audiencias Provinciales.

Además, del total de sentencias condenatorias, un 62% fueron de estricta conformidad, lo que a su vez supone el 47% del volumen global. Todo ello refleja cifras estables en relación con años anteriores, lo que permite hacer una “valoración positiva” sobre el trabajo de los miembros del Ministerio Fiscal.

Como ya ocurriera en los dos ejercicios inmediatamente anteriores, los delitos contra la vida y la integridad física representan el porcentaje más elevado de las diligencias previas incoadas (36%), frente al 20% que suponen los delitos contra el patrimonio. Una vez más, para la Fiscalia, la reforma del artículo 284 LECrim explica este cambio de tendencia sobre la evolución histórica de este parámetro.

En cuanto a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, del total de acusaciones presentadas, 130.782 se corresponden con procedimientos de juicios rápidos, lo que supone el 48,79% del total de acusaciones, cifras más elevadas que las registradas en el año 2017 en relación con estos mismos indicadores.

Sin embargo, lo más relevante, desde el punto de vista de la gestión, es que ese número supone el 66,88% sobre el volumen total de diligencias urgentes incoadas.

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN, 135 DÍAS

Con ello, afirma la Fiscalía, se evidencia de nuevo que estamos en presencia de un tipo de procedimiento que ofrece unos “elevados niveles de eficiencia” ya que, además de lo expuesto, hay que señalar que se obtiene un 79% de sentencias de conformidad en el mismo Juzgado de guardia.

Además, en el año 2018 se incoaron 14.906 diligencias de investigación, lo que supone un ligero aumento del 3,24% frente al descenso del 1,84% registrado en el año 2017 en comparación con el año 2016. Este aumento no ha impedido que el tiempo medio de tramitación se sitúe en los 135 días.

Se trata, para el Ministerio Público, de un lapso temporal “razonable” durante el que se recopila el material necesario para valorar si procede o no el ejercicio de una acción penal.

El volumen total de acusaciones formuladas por las distintas Fiscalías durante el año 2018 fue de 268.020, lo que supone un aumento del 2,17% sobre las 262.319 presentadas en el año 2017. A ello ha podido contribuir el ascenso del 18,55% en el número de los procedimientos abreviados incoados (191.774).

En el año 2018, los integrantes de esta institución asistieron a un total de 332.919 juicios ante la jurisdicción penal. De ellos, prácticamente la mitad (50,92%) fueron juicios por delitos leves, hasta un total de 169.543.

Desde el punto de vista de la litigiosidad judicial, durante el año 2018 se ha producido, aunque leve, un nuevo descenso en la incoación de diligencias previas. El total incoado fue de 1.570.255 procedimientos de este tipo, lo que supone un 1,27% menos en relación con los datos del año 2017.

Por el contrario, se observa un aumento significativo en la incoación de las diligencias urgentes, por las que se tramitan los denominados ‘juicios rápidos’. Los 195.527 procedimientos iniciados suponen un 6,80% más que los registrados en el año 2017. Se produce así, según la Fiscalía, un "esperanzador repunte" en la utilización de esta vía procedimental.

Respecto a los juicios por delitos leves incoados durante el año 2018 (348.907), que suponen una disminución del 3,36% con respecto al año 2017, muy similar al descenso del 2,67% registrado en relación con el año 2016. De este modo, las cifras vuelven a confirmar, para la Fiscalía, que la supresión formal de las faltas, “no ha supuesto una disminución relevante de la litigiosidad y de la carga de trabajo derivada de este tipo de infracciones penales”, ya que las modalidades de mayor incidencia práctica no se derogaron en el año 2015, sino que se transformaron en delitos leves.