Así se manifestó este lunes Segarra durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, en el que se hizo pública la Memoria de 2019 de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al ejercicio 2018.

Esta afirmación se produce después de que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, declarara el pasado jueves que no aceptará la sentencia del ‘procés’ si es condenatoria y que impulsará la independencia si no se absuelve a Oriol Junqueras, Carme Forcadell y el resto de procesados.

Tras recordar la “imperiosa obligación” de acatar la sentencia “sea cual sea”, Segarra afirmó, citando a Descartes, que “la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país”.

Y es que, continuó, “el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente del sistema de Justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia”.

Una convivencia que, a juicio de la fiscal, “desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión” habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional “mediante la única forma posible en un Estado democrático: el respeto a la Ley”.

Además, Segarra destacó que “frente a la extraordinaria gravedad de los hechos objetos de enjuiciamiento”, la respuesta del sistema judicial ha sido la “aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley”.

También la celebración del juicio bajo los “más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes”, algo que solo puede ser interpretado, resaltó, como “la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho”.

COMPROMISO EN CATALUÑA

Respecto a lo que calificó como “desafío secesionista” en Cataluña, destacó el “compromiso” con la defensa del Estado de Derecho del sistema judicial en general y de la Fiscalía en particular, así como la labor "destacada" de los profesionales destinados en este territorio.

Para Segarra, la actividad del Ministerio Público ha sido fruto de una “acción combinada” en distintos ámbitos, como la jurisdicción constitucional, contencioso-administrativa (en los procedimientos derivados de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre otros), del Tribunal de Cuentas (en relación a la consulta del 9-N y con los gastos derivados del 1-O) o en materia de cooperación internacional, en un claro ejemplo de la “aplicación coordinada” del principio de unidad de actuación especializada.