Son algunas de las conclusiones que ha hecho públicas la organización en su 'Memoria de Actividades 2018'. El documento desvela que, además, el 6,68% de las mujeres que pidieron ayuda señaló haber sufrido malos tratos por parte de sus parejas a causa del embarazo.

Por ello, el presidente de la fundación, Antonio Torres, reclama a los representantes políticos “que se pongan de acuerdo y aprueben una Ley de Apoyo a la Maternidad, libre de prejuicios ideológicos y ampliamente consensuada”.

En concreto, las 40 asociaciones que integran esta red, prestaron asistencia en 2018 a 25.698 mujeres en situación de vulnerabilidad a causa de su embarazo, 7.000 más que en el año anterior.

La fundación también subraya que son muchas las madres que, afrontando un embarazo en circunstancias difíciles, quieren seguir adelante con su embarazo, pero necesitan apoyo para remover los obstáculos a que se enfrentan.

En cuanto al perfil de mujeres que solicitaron apoyo, la mayoría tenían entre 18 y 29 años (47,78%), seguidas de las de 30 a 39 (40,67%), y un 4,70% eran menores de edad. De ellas, el 47,23% eran españolas y el 52,77% extranjeras. El 75% estaba en situación de desempleo.

“El Estado ha renunciado a implicarse en la protección y auxilio de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y ha dejado solas a las ONG de apoyo a la maternidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos y voluntad de todos los voluntarios y sociedad civil comprometida, no llegamos a la totalidad de las mujeres que lo necesitan. Es imprescindible el compromiso real del Estado con estas mujeres a las que ha dejado abandonadas y a las que está enviando el mensaje de que la solución a un embarazo imprevisto es el aborto”, señala Amaya Azcona, directora General de la Fundación Red Madre.

En cuanto a la ayuda prestada, se ofreció auxilio material, afectivo, económico o legal a las mujeres embarazadas. Todas las madres recibieron orientación e información acerca del embarazo, el 65% asistió a cursos de formación, el 75% necesitó acompañamiento emocional y la mitad requirieron de asesoramiento legal y psicológico. Un 65% necesitó recibir pañales, el 20% canastillas de recién nacido, el 10% otros enseres como carritos y cunas y un 5% leche maternizada.