El magistrado abre juicio oral a Camps, a la vista de los escritos de Fiscalía y acusaciones, por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. No obstante, en el auto, rechaza el delito de malversación de caudales públicos, ya que no se incluyó dicho tipo penal en la pieza 5 del 'caso Gürtel' en la que se incluye la investigación a Camps.

El instructor considera que ha quedado acreditado que “con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market SL, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad autónoma, Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero Martínez, bajo la superior dirección de Francisco Correa Sánchez y de Pablo Crespo Sabaris, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' fuera directamente adjudicado a Orange Market SL, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno”.

Además, actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo "bajo la autoridad del Presidente" conforme al Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consellería de Presidencia, y el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y de la Consellería de Presidencia aprobado en 2008.

ARSENAL DE INDICIOS

El juez detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados y señala que no esta ante una declaración aislada e inconexa de unas personas investigadas cuyo testimonio, como invoca la defensa de Camps, por el hecho de serlo o por oscuros interese personales, resulta inverosímil. Sino que “estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana participó en la dirección del contrato de Grandes Eventos FITUR 2009 a favor de Orange Market SL como parte del más amplio contrato FITUR 2009”.

Y todo ello, según el instructor, lo hizo para favorecer a Orange Market SL, como venía haciendo desde 2005, “a cambio de su paciencia y resignación” ante el impago de la multimillonaria deuda que PP valenciano tenía con Orange Market SL, y su “colaboración” al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda.

Señala que Ibars Sancho, en definitiva, sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en FITUR 2009.

Una vez analizados los hechos, el juez argumenta que encajan dentro del delito de prevaricación en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en “actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites. Fueron por tanto actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración”.

Se trató, expone, de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado.

PLAN CRIMINAL

Respecto al delito de fraude a las administraciones públicas que incluye el fiscal en su escrito de acusación, De la Mata considera “no descartable" que Camps e Ibars acordaran un plan criminal siguiendo esta última las indicaciones de Camps y pusieran en marcha ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.

En cuanto al delito de tráfico de influencia que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que Camps ejerció influencia sobre Ibars para conseguir que esta “diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos.