Así lo señaló el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, en una entrevista en Servimedia en la que indicó que “es obvio” que la situación política afecta a la economía y a las cuentas públicas españolas, “sobre todo en el momento en el que estamos empezando a sufrir una desaceleración a nivel mundial y también en España, por lo que es necesario adoptar medidas”.

En concreto, Cruzado subrayó la necesidad de tener un Gobierno y “estabilidad” porque “la OCDE plantea la necesidad de potenciar el gasto e invertir”, pero, como “España tiene un problema de deuda y déficit”, recomienda “acudir a medidas fiscales para equilibrar ese mayor gasto con subidas de impuestos”. “Todo esto requiere de un Gobierno estable y de acuerdos de legislatura para poder llevar a cabo las reformas”, agregó.

Así, tras la imposibilidad de que los partidos llegaran a un acuerdo para formar Gobierno tras las elecciones de abril, el presidente de Gestha afirmó que “parece complicado” que pueda haber un Ejecutivo estable tras la cita electoral de noviembre, por lo que apeló a la responsabilidad de los políticos y les pidió “tener mayor altura de miras”. “Los partidos están más preocupados de sus predicciones electorales, de sus posibilidades en las siguientes elecciones, que en acabar con los problemas”, aseguró.

CONTROL DEL GASTO

Entre las propuestas del sindicato de técnicos de Hacienda, Cruzado se refirió a la necesidad de establecer un tipo efectivo mínimo en el impuesto de Sociedades, aumentar la tributación de las grandes empresas tecnológicas, hacer más progresivo y justo el IRPF y armonizar los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, ambos cedidos a las comunidades autónomas, al tiempo que se aumenta su tributación.

Además, Cruzado también apuntó como necesaria “una reforma integral del sistema” de control del gasto público, no para reducirlo, “sino para controlar que se cumplen los objetivos de una manera eficiente”.

En este sentido, por un lado señaló que “los casos de corrupción han puesto en evidencia el funcionamiento de los órganos de control interno y externo”, por lo que reclamó revisar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado y de las intervenciones de control de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Por otro lado, también se refirió al “despilfarro en infraestructuras que han quedado inservibles y que han supuesto mucho dinero en inversiones”, indicando que “hay que replantearse la responsabilidad de los gestores y que no sólo haya una responsabilidad penal y contable, sino también una política, de gestión”.

Para ello, abogó por “implementar auditorias operativas y de cumplimiento, no sólo de legalidad sino económicas”, así como por la inhabilitación de los cargos políticos que realizan gastos poco eficientes, para que no puedan seguir en esos puestos.