En concreto, a través de un comunicado hecho público hoy, la Fiscalía Provincial de Sevilla explica que abrió unas diligencias de investigación penal sobre el “caso Mercasevilla” el pasado 17 de febrero, un día después de que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía le remitiese diversas grabaciones relativas que “pueden constituir la prueba de hechos con trascendencia delictiva”.

La Fiscalía contesta así a las acusaciones vertidas por los populares, quienes aseguran que el Ministerio Público tiene “dos varas de medir”, al entender que se investigan los casos de corrupción que afectan al PP y no las relativas al PSOE.

El mismo 17 de febrero, la Fiscalía de Sevilla ordenó a la Policía Judicial “la trascripción de la conversación” contenidas en las grabaciones así como “la identificación de la totalidad de los componentes de la misma”.

El comunicado señala que, “antes de mediar tiempo para la práctica de otras diligencias de prueba y cuando se estaba a la espera de recibir la prueba documental solicitada a la Consejería de Empleo y al Ayuntamiento de Sevilla”, la Fiscalía tuvo conocimiento, el 24 de abril, de que el PP había presentado una denuncia en el marco del mismo caso.

En ese momento, y tal como estipula la Ley, la Fiscalía Provincial de Sevilla cesó su investigación y envió “todo lo actuado al Juzgado de Instrucción competente”.

El Ministerio Público indica que ha estado participando activamente en la investigación judicial.

Por último, este departamento aclara que durante su actuación “no recibió ninguna instrucción específica o particular sobre el caso desde la Fiscalía General del Estado”.