Así lo demandó su portavoz, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que, además, consideró “extremadamente grave” que el laboratorio sevillano Microal realizara en febrero, por encargo de Magrudis, un análisis que detectó un positivo por listeria en un lote de carne mechada.

Un resultado que le comunicó de inmediato y le “recordó” en agosto y a pesar de lo cual la fábrica “no informó a las autoridades ni retiró sus productos del mercado”.

En este sentido, criticó que haya sido el propio laboratorio quien, motu proprio, cuando tuvo conocimiento del inicio de la investigación, aportase los resultados de ese análisis al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que instruye la causa contra la empresa propietaria de la marca ‘La Mechá’ por la “confianza ciega” que, a su entender, existe en torno a la forma de operar de este tipo de industrias.

“Sus responsables tendrán que dar explicaciones de por qué mintieron y no adoptaron las medidas que deberían haber llevado a cabo”, abundó, al tiempo que reconoció su “preocupación” en relación a las “carencias en los controles” y a la “suma de anomalías y la dejación de funciones” por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

A este respecto, lamentó “mucho” que el alcalde de la capital hispalense, Juan Espadas, “esté haciendo mutis por el foro” con un “vacío informativo desde hace semanas” y le emplazó a revisar “de manera inmediata” los protocolos de control de este tipo de empresas para obligarles a contar con una licencia de actividad en vigor y catalogarlas bajo el nivel de riesgo "adecuado".

“Nos preocupa que vuelva a ocurrir algo así en Sevilla, que se hayan podido hacer cosas mal también con otras empresas y que el Ayuntamiento no dé la cara como corresponde”, admitió Sánchez.

Al mismo tiempo, lamentó que más de un mes después desde que se desató esta crisis alimentaria “no sabemos absolutamente nada de qué errores asume el Ayuntamiento sobre lo que se ha hecho, sobre lo que no se ha hecho y sobre lo que se va a hacer”, por lo que le invitó a informar al respecto "sin esperar a tener que explicarlo en sede judicial".

REGISTROS

Sánchez compareció horas después de conocer la detención por parte de la Guardia Civil del administrador “de hecho” de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, sus dos hijos, uno de ellos Sandro José Marín, que aparece en el registro mercantil como administrador y socio único, además de un cuñado y otra persona cuya identidad no ha trascendido.

Una detención que se ha producido en el marco de una operación que también incluye el registro por parte de efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Benemérita (Ucoma) de la fábrica de la empresa ubicada en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla y otros inmuebles, entre los que, según Facua, podría haber un almacén clandestino en Dos Hermanas.

El portavoz de Facua precisó que dicho registro "llega tarde", puesto que, desde que se decretó la alerta a mediados de agosto “se han podido destruir muchas pruebas fundamentales o especialmente importantes para la investigación judicial”.

Asimismo, dijo estar “a la espera” de conocer la identidad de todos los detenidos y el papel que desempeñaban en la empresa “para pedir las responsabilidades que correspondan” y consideró crucial que los trabajadores sean citados como testigos en el procedimiento.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ordenó la apertura de diligencias previas para investigar los hechos denunciados por Facua al entender "que podrían ser, en principio, constitutivos de un delito contra la salud pública y lesiones".

La asociación ha comenzado a aportar documentación y casos de afectados para que la investigación abarque también los delitos de aborto y homicidio, “sin perjuicio de otros que pudieran determinarse a lo largo de la instrucción”.