Así se desprende del ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano y que revela, además, una “fuerte desigualdad y desprotección” en su acceso a derechos económicos y sociales en comparación con el conjunto de la población.

El informe, presentado este martes en Madrid, arroja también una tasa de paro del 52% entre la población gitana y desvela que las mujeres gitanas padecen una “clara desventaja” en todos los ámbitos debido a su doble condición, con una tasa de empleo que apenas llega al 16%.

Según la Fundación, el nivel educativo es, “con diferencia”, el principal “determinante” de acceso al empleo y de la desigualdad socioeconómica de esta población ya que solo el 17% de los mayores de 16 años tiene completados sus estudios de ESO o superiores, teniendo en cuenta que el 66% de estas personas son menores de treinta años.

Con este estudio, que ha incluido la realización de 1.492 cuestionarios que han proporcionado información sobre la situación social, laboral y económica de los participantes y de 6.015 acompañantes, la entidad pretende “visibilizar” la realidad socio-laboral de la población gitana en España.

Para revertir la vulnerabilidad social “estructural y cronificada” que afecta a este colectivo, Fundación Secretariado Gitano recomendó abordar el bajo nivel educativo que aqueja a la población gitana y poner en marcha un plan de choque contra el fracaso escolar del alumnado gitano.

Junto a ello, abogó por desarrollar medidas específicas para erradicar la alta incidencia de la pobreza extrema y la pobreza infantil en la población gitana y asegurar que las políticas activas de empleo y las políticas de igualdad “dan respuestas adaptadas para la inclusión laboral de la población gitana”.

La realización y presentación de este estudio, que ha tenido lugar en el seno de una jornada de debate sobre el papel de las políticas públicas en relación al empleo y la pobreza de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Fundación 'la Caixa' y el Fondo Social Europeo.