Calvo explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo solicitará al Constitucional que aplique dos nuevos “incidentes de ejecución de sentencia”, lo que significa que se anulen los aspectos recurridos en virtud de una resolución previa de este tribunal.

La ‘número dos’ del Ejecutivo indicó que lo que se recurre en este caso son partes de resoluciones debatidas en el Parlamento de Cataluña el pasado 25 de septiembre y que se publicaron oficialmente el 4 de octubre en el boletín de esta institución parlamentaria.

La vicepresidenta señalo que se recurren las partes de estas mociones parlamentarias en las que se llamaba a la “desobediencia institucional”; se decía “que existe el derecho de autodeterminación”; y se pedía a la Generalitat “que reaccione” cuando se comunique la sentencia del ‘procés’.

“NO ESTÁ A SU ALCANCE”

Asimismo, Calvo aclaró que el Ejecutivo no recurrirá la parte de las resoluciones del Parlament aprobadas en el debate de política general en la que se pedía la salida de la Guardia Civil de Cataluña. Según la vicepresidenta, a pesar de que el Gabinete de Pedro Sánchez considera “aberrante” este planteamiento de los partidos independentistas, es una demanda política que “no está a su alcance”, por lo que por ello no se considera recurrible.

En cambio, la ‘número dos’ del Ejecutivo se refirió a que llamar a la desobediencia institucional y reivindicar el derecho de autodeterminación son “materia de recurso clarísima”, motivo por el que se pide al Constitucional que anule estos aspectos en las resoluciones aprobadas en septiembre por el Parlament.

Añadió que lo que la Cámara catalana pidió a la Generalitat son “decisiones que en absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional” y que afectan expresamente a Torra.