Así lo avanzó la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez, una vez el Tribunal Supremo dejó claro que no queda ningún obstáculo jurídico que impida al Gobierno extraer los restos del dictador para trasladarlos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, lugar que desde Moncloa negaron que sea un panteón de Estado.

Calvo explicó que el propio Sánchez llevó a la reunión el "tercer y último acuerdo" -propuesto por ella y la ministra de Justicia, previo informe de la Abogacía General del Estado-, en el que se concede un "espacio de tiempo, que va desde hoy, y como fecha límite del 25 de octubre, para proceder a decisiones técnicas y de seguridad" que permitan la exhumación de Franco.

Si bien, apuntó que "con 48 horas de antelación" se avisará a la familia con "el día y la hora exacta" en la que se procederá a la exhumación y la reinhumación. Para entonces, según el acuerdo, se les permitirá celebrar una “breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas en el momento de la inhumación".

Fuentes gubernamentales precisaron que no hay intención de “apurar el plazo” y que entre el 18 y el 22 de octubre se podrá acometer esta acción para la que aún necesitan unos días, aunque todo el operativo se desarrollará en una misma jornada.

Para todo este proceso, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ejercerá su función de notaria mayor del Reino.

El momento de la exhumación, explicó Calvo, será “estrictamente” privado y “no habrá acceso a los medios de comunicación”. En el lugar sólo estará la familia y los “elementos fácticos” necesarios para el procedimiento.

Aunque en virtud del “derecho de información”, el Ejecutivo determinará “la forma más cómoda posible” para la toma de imágenes por parte de los periodistas, pero “nunca” estarán en el “espacio estricto y cercado al procedimiento de exhumación”. Para que así ocurra, el Ejecutivo tomará medidas como la prohibición de móviles en el interior de la basílica.

De hecho, el acuerdo, según explicó Vicepresidencia, se comunica a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid a efectos de habilitar el dispositivo necesario para garantizar, en la ejecución de las operaciones de exhumación, traslado e inhumación, tanto la seguridad de los restos mortales como la seguridad ciudadana y el orden público. Asimismo, habilita las medidas necesarias para impedir el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido y el acceso de los medios de comunicación en los actos de exhumación y reinhumación.

SATISFACCIÓN

Calvo, que no ocultaba su alegría desde el lugar que regularmente ocupa cada viernes la portavoz Isabel Celaá, destacó la “satisfacción extraordinaria” de esta medida porque supone “no tener al dictador en una tumba de Estado sino en un lugar privado donde ya está su familia”.

Supone, dijo, cerrar “con dignidad rotundamente lo que no era digno” 40 años después del inicio de la democracia y hacerlo en “apenas dieciséis meses”, que son los que van desde que el presidente Sánchez lo avanzara en sus primeros días de Gobierno tras una Ejecutiva del PSOE el 18 de junio. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo prometió el 17 de julio de 2018, en su exposición del programa de Gobierno en el Congreso, que la exhumación sería “en breve”.

Calvo afirmó que se sienten “honrados, como Gobierno, de haber sido parte sustancial” en cerrar este asunto para que el Valle de los Caídos sea un lugar que “se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia porque víctimas de una atroz contienda, de uno y otro bando”.

La número dos del Ejecutivo será la que fije el día exacto una vez que esté todo el operativo cerrado. “Yo propondré al presidente la fecha definitiva” para que dé el último visto bueno a las actuaciones que ella estará coordinando. La fecha será pública en la “comunicación formal” que Calvo traslade a la familia notificándole el momento de la exhumación.

HELICÓPTERO

Dicho operativo aún está perfilándose, pero su coste, calculan en Moncloa, rondará los 11.000 euros. Calvo sólo indicó que será “técnicamente el más seguro y de menos incomodidad para los ciudadanos” y no descartó la posibilidad de emplear un helicóptero.

Además, en varios momentos mostró la seguridad jurídica de que nada impediría la exhumación y aseguró que en la Moncloa no tienen “ningún temor” sobre la actitud del prior de la basílica pese a que éste se niegue a acatar la decisión del Supremo.

Para Calvo, la sentencia de la “cúspide de la Justicia” es una “autorización más que suficiente”, pero lo reforzó con que los tres poderes del Estado están “alienados” a este objetivo, y también está la posición expresada varias veces de la Iglesia de que “nunca” iba a mostrar oposición alguna.

De esta manera presumió de que ya nada impide evitar la exhumación del dictador, pese al recurso que la familia ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, y, por tanto, se pone fin a un procedimiento que ha llevado tanto trabajo al Gobierno desde que el 24 de agosto aprobara el real decreto-ley de modificación de la ley de Memoria Histórica y el posterior acuerdo del 31 de dicho mes que iniciaba el procedimiento administrativo para la exhumación de los restos de Franco que se ha cerrado este 11 de octubre de 2019.