Los magistrados aseguran en la sentencia, que condena a Romeva a 12 años de prisión por el delito de sedición en concurso medial con el de malversación, que el exconseller, en su papel como responsable de asumir la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum, era "conocedor" de que "estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales que les son propias".

Pese a ello, el día 28 de septiembre de 2017 llegó a afirmar públicamente, como recuerda el tribunal, que "si ganaba el referéndum se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciese oficial el recuento". En este sentido, subraya, "intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una República catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum".