Así se manifestó Segarra ante los periodistas en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde compareció horas después de conocerse la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas por la convocatoria y organización del 1-O. "Hablar de éxitos y de fracasos es algo que es ajeno al Ministerio Fiscal", afirmó tras ser preguntada por la valoración del Ministerio Público respecto a la condena por sedición.

En una primera valoración de la sentencia, Segarra remarcó que se ha dictado por "jueces imparciales" y tras un juicio oral "ejemplar" y "respetuoso" con los derechos procesales de todas las partes, especialmente "cuidadoso", subrayó, en garantizar el derecho de defensa y celebrado con el "máximo nivel de transparencia y publicidad". Para la fiscal, la resolución del Supremo representa la "fortaleza" del Estado de Derecho y del "normal funcionamiento" de la Justicia, así como una muestra del "alto estándar de garantías" que caracteriza, a su juicio, el sistema judicial español.

Además de pedir "respeto" por la sentencia, firme desde este lunes, recordó que frente a ella se podrá ejercer de forma "responsable" y "pacífica" el legitimo derecho a la crítica que ampara la libertad de expresión. En el ámbito jurídico, apuntó que cabe interponer recurso extraordinario, pero no aclaró la posición del Ministerio Público en este sentido.  "Estudiaremos la sentencia", afirmó. 

Por otro lado, respecto a que el TS haya rechazado la petición que realizaba la Fiscalía para que prohibiera en la sentencia que se les pueda conceder el tercer grado penitenciario hasta que no cumplan al menos la mitad de la pena de privación de libertad, Segarra defendió que instituciones penitenciarias actuará "conforme a la legalidad" y estudiará la situación de cada preso "individualizadamente". Asimismo, agregó que si llegado el caso la Fiscalía considera que no es adecuado el régimen penitenciario propuesto formulará los recursos oportunos ante al juzgado de vigilancia penitenciaria.

La fiscal general del Estado expresó también su "máxima reserva" respecto a la posiblidad de que el juez instructor Pablo Llarena, una vez conocida la sentencia, active las órdenes europeas de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos de la justicia. Pese a ello, reconoció que la sentencia que condena a los líderes independentistas por el delito de sedición a penas de entre 9 y 13 años de prisión "va a tener una indudable trascendencia en otros procedimientos penales en curso" y "efectivamente supone un reforzamiento de los indicios existentes", de modo, agregó, que "se valorarán todas las posibilidades". 

Todo ello, tan solo minutos antes de que se conociese que el magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este lunes un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del 'procés', en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión. El juez instructor de la causa ha considerado plenamente justificada la petición en tal sentido que ha sido cursada por escrito por la Fiscalía.

Por último, la fiscal reconoció la labor de los fiscales que han participado en este procedimiento y reiteró el compromiso del Ministerio Público con "la defensa del orden constitucional y con el ejercicio responsable, prudente pero riguroso" de las funciones que tiene atribuidas. Desde la libertad de opinión y en el marco del pluralismo político, pero siempre con respeto a la ley, afirmó. "El dictado de esta sentencia y su acatamiento han de contribuir a garantizar la convivencia ciudadana".