En el Ejecutivo están "muy satisfechos" por la decisión de Llarena al entenderla como "oportunísima y justa" ante el "principio de igualdad", ya que unos están pagando por unos hechos mientras, por los mismos, otros están fugados.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y la Abogacia del Estado trabajan para el cumplimiento de esta medida, indicaron fuentes de Moncloa.