Afirmó que su apuesta en esta materia pasa por “incluir nuevas fórmulas de gestión en la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, por un modelo de colaboración público-privada basado en el concierto social”.

A su juicio, lo primero es conseguir una “definición consensuada de una cartera de servicios y prestaciones”. "Es importante hacerlo en el marco de un proceso participativo entre partidos políticos, servicios sociales municipales, Tercer Sector, colegios profesionales, universidades, la ciudadanía y otros agentes relevantes y personas u organizaciones de referencia”, explicó.

El consejero dijo, además, que esa concreción en los servicios permitirá avanzar en otros “modelos de colaboración más flexibles adaptados a las necesidades de cada persona y colectivo" y añadió que "se desarrollará el concierto social como modelo de contratación social".

“Una modalidad de concierto que prioriza en las adjudicaciones de servicios a entidades sin ánimo de lucro especializadas y con experiencia en cada campo específico de acción y que, al mismo tiempo, permite agilizar la habilitación de plazas a cargo de fondos públicos en el momento y en el lugar necesarios”, indicó.

Reyero defendió que el concierto social “abre muchas oportunidades para mejorar la colaboración público-privada, en concreto con las entidades del tercer sector, para aumentar la calidad y, sobre todo, la estabilidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos en el ámbito social”.

También aclaró que este modelo “no se basa en la subsidiaridad sino en la colaboración entre una Administración pública fuerte que trabaja junto a una sociedad civil fuerte” y sostuvo que “se basa en un complemento y una cooperación”.

“Todo ello redundará en beneficio de las personas usuarias, de las administraciones y de las propias entidades que los desarrollan”, según Reyero, quien señaló que es una fórmula que se incluye en las leyes de Servicios Sociales, algunas ya de tercera generación, como las que se aplican ya en Aragón, Extremadura, Navarra, Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia y Valencia.