Así lo indicó en declaraciones a Servimedia después de que el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, dictase una orden europea e internacional contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación.

Almenar señaló que con la aplicación normal y con las normas de cooperación europea, “si hay condena firme por determinados delitos, que están tipificados en ambos países, la extradición deberá ser inmediata”.

Respecto a la posibilidad de que Bélgica actúe como en la sentencia anterior contra Puigdemont, dictada en julio, el responsable de la Asociación Profesional de la Magistratura remarcó la diferencia es que ahora “se trata de una sentencia firme sobre la que no cabe ningún recurso ordinario”.

En este sentido, recordó que al expresidente de la Generalitat se le imputa los mismos delitos que a los políticos presos condenados hoy por parte del Tribunal Supremo, cuyas penas superan en muchos casos los 10 años de prisión.

Almenar explicó que el trámite ahora con Puigdemont consiste en convocar una comparecencia con dos finalidades, donde el interesado puede alegar lo que quiera y donde se tendrá que resolver su situación.

A este respecto, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura apuntó que el plazo máximo para este trámite en España puede alargarse hasta 90 días, aunque en la práctica “no debería ser más de 60 meses”.