La orden ministerial indica que el Ejecutivo central cede los activos pendientes de enajenar afectos al proyecto de construcción de la central nuclear de Lemóniz y, en particular, de los terrenos, emplazamientos e instalaciones.

Una vez que acepte la cesión, el Gobierno Vasco asumirá su responsabilidad, tanto administrativa como de otra índole, y todos los gastos que se deriven de su titularidad, como los de mantenimiento, seguridad y protección física.

Con esa orden se da respuesta al interés que ha venido mostrando el Gobierno Vasco por hacerse con la titularidad de estos terrenos. El emplazamiento se extiende por unas 35 hectáreas de superficie, que están ocupadas directamente por los edificios de la central, cuyos terrenos están calificados como suelo urbano; otra extensión de unas 43 hectáreas de suelo no urbanizable sin vocación definida, y otras 102 hectáreas de suelo no urbanizable de protección y para usos agroganadero y forestal.

Lemóniz fue una de las centrales afectadas por la denominada 'moratoria nuclear' establecida en el Plan Energético Nacional 1983-1992, que también paralizó los proyectos de las centrales de Valdecaballeros I y II, y Trillo II.

Esa moratoria de paralización definitiva de los proyectos de construcción de esas centrales nucleares se articuló en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (1994), la cual fue modificada y declarada vigente por la disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico (1997), que estableció que la compensación a las compañías eléctricas titulares de los proyectos por las inversiones realizadas y por el coste de su financiación se haría mediante la afectación a este fin de un porcentaje que recaeería sobre la tarifa eléctrica.

Aunque esta compensación económica a las compañías eléctricas terminó de ser satisfecha en octubre de 2015, la titularidad de los bienes afectos a los proyectos paralizados, incluidos los terrenos, se mantuvo en las compañías propietarias, que, previa autorización de la Administración, fueron enajenando los bienes que pudieron ser objeto de venta, destinándose los importes obtenidos a reducir la deuda pendiente de la moratoria nuclear.

Por lo que se refiere a la enajenación de los terrenos y ante la imposibilidad de establecer un valor de mercado, una modificación legal llevada a cabo en el año 2005 estableció que la Administración pudiera acordar la celebración de un concurso o subasta con el que se procedería a su enajenación a quien realizara la mejor oferta. Esta enajenación no se llegó a producir.