La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró hoy en rueda de prensa tras la celebración del último pleno del año que “cualquier ciudadano” que viva en una comunidad autónoma en la que “coexistan dos lenguas” pueda ahora invocar la sentencia del Supremo “para poder ejercer sus derechos”.

Bravo recordó que la resolución del Supremo crea jurisprudencia y, por lo tanto, vincula “al resto de tribunales de nuestro país”. “Entendemos que cualquier ciudadano que considere que su derecho en este aspecto se ha vulnerado podrá invocar la jurisprudencia del Supremo para poder ejercer sus derechos”, señaló.

El Supremo ha proclamado a través de tres sentencias el derecho de los padres de alumnos a que “el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña” y ha ordenado a la Generalitat adoptar “cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza” a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.