En la misma providencia, el magistrado, a la vista de dos oficios policiales, acuerda expedir comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Hong Kong para solicitar los datos de identidad de personas titulares y autorizadas en diversas cuentas de la entidad Bank of China, así como documentación contractual y movimientos de esas cuentas.

Además acuerda expedir un mandamiento a la empresa Google Ireland a fin de que remita al juzgado información y datos técnicos asociados a una determinada cuenta de correo electrónico. Pide librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que faciliten al juzgado información relativa a los solicitantes y titulares de un dominio de Internet y una cuenta de correo electrónico.

Asimismo, recaba informe a la Fiscalía sobre la petición de diligencias tendentes a identificar al usuario de las IP asociadas a esa última cuenta de correo, así como sobre el acceso a las bandejas de entrada y salida de la citada cuenta, al tratarse de información protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones.

El fraude se produjo a través de las redes desde servidores con sede fuera de España. El análisis de los correos electrónicos contenidos en el ordenador de la empleada despedida se realizó en Madrid por peritos de Telefónica. En ese análisis se constató que la investigada fue “inducida a colaborar en el fraude mediante técnicas de ingeniería social” tales como un correo con un anexo en blanco “que humaniza al atacante”.

Además, se detectaron “un par de correos de una persona de mucha autoridad dando instrucciones para realizar una serie de pagos y apelando a la discreción, solicitudes telefónicas de información “a lo que hay que añadir “la natural inclinación a ayudar a un semejante”, según dice el informe.

El dinero, 19 millones de euros en total, provenían del Banco Europeo de Inversiones y estaba destinado a la compra de 164 autobuses y fue transferido a una cuenta de Caixabank de la que salieron cuatro millones de euros que acabaron en China. Además, está en cuestión el papel jugado por la superior de la trabajadora citada, María Rayón, que pese estar de baja maternal en el momento de los hechos, autorizó la salida de fondos.