Las dos jóvenes permanecían en dependencias policiales del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas desde el pasado 12 de octubre, cuando aterrizaron con pasaporte de Vietnam. Ambas solicitaron asilo a España el 17 de octubre, después de que la Oficina de Asilo y Refugio comunicara a la Policía que podían ser víctimas de trata.

Así lo avalan los informes de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), en base a los cuales el Defensor del Pueblo sugirió ayer paralizar el proceso de expulsión.

Sin embargo, fuentes policiales explicaron a Servimedia que las dos jóvenes manifestaron venir a España para trabajar y negaron relación con las mafias de trata de personas. Según la versión de CEAR, es común que las mujeres mientan en las entrevistas con la Policía -a las que también asisten las ONG- asesoradas por los tratantes.

El Defensor del Pueblo atendió ayer la denuncia de la ONG y, en base al informe de Apramp, publicó una sugerencia instando a que “se suspenda la devolución de las ciudadanas interesadas”, apelando al Reglamento de Extranjería, que permite a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras autorizar la entrada en España de los extranjeros ante “razones excepcionales de índole humanitaria”.

La directora general de CEAR, Estrella Galán, denunció que la Policía Nacional tomó la determinación de expulsarlas “sin que la Delegación del Gobierno dictara resolución sobre si veía indicios o no de que fueran víctimas de trata, como se indica en el protocolo”, al tiempo que alertó de que su devolución “pone en riesgo sus vidas” al dejarles “en manos de los tratantes nuevamente”.

CEAR había recurrido previamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de frenar la expulsión, pero su recurso fue desestimado, como también lo hizo la Audiencia Nacional cuando solicitó medidas cautelarísimas para suspender el proceso. Finalmente, las dos jóvenes embarcaron ayer por la tarde en un avión camino de Vietnam, poco después de que el Defensor del Pueblo publicara su recomendación para frenar la expulsión.