En el prólogo del programa para las elecciones generales del 10 de noviembre, al que tuvo acceso Servimedia, el partido que lidera Pablo Casado enfatiza que seguirá impulsando iniciativas para hacer que “la mayoría social que apoya la moderación y la centralidad sea también mayoría de gobierno”.

El PP explica que es un programa “para sumar a una inmensa mayoría de españoles que desean que la moderación, la estabilidad y el acuerdo sean el eje que vertebre nuestra vida pública”. En este contexto, el PP se erige en la “alternativa posible y necesaria” a un nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El primer apartado de este conjunto de medidas se titula ‘La Constitución, la unión de todos los españoles’. “Promoveremos la legalidad constitucional en el ejercicio del derecho de autonomía”, aseguran los populares, para a renglón seguido comprometerse a remitir al presidente de la Generalitat “un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Eso sí, en el texto no está la referencia expresa al 155 aunque se hable de ese “requerimiento” que es el paso previo para activar este precepto constitucional si las autoridades catalanas no se avienen al cumplimiento del mismo. En el programa diseñado para los comicios del 28 de abril sí aparecía una mención directa al 155.

“Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias”, se recogía en el anterior programa.

Fuentes populares consultadas explican que esta redacción distinta va en sintonía con la sentencia del Tribunal Constitucional que acota los tiempos y las formas para aplicar el 155, poniendo especial énfasis en la necesidad de ese requerimiento previo para poder ponerlo luego en marcha.

El PP desgrana en estas páginas todas las propuestas que ha ido anunciando Casado según evolucionaba la situación en Cataluña: desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional hasta la reforma de la Ley del Indulto, pasando por la recuperación de la tipificación de referéndum ilegal en el Código Penal.

El PP también remarca su apuesta por reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia y para introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición.

Igualmente, se promete recuperar competencias en materia de administración penitencia y modificar la ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión o sedición no puedan recibir fondos públicos que se puedan emplear para fomentar la independencia.

También se quiere modificar la Ley General Audiovisual para “evitar propaganda” en medios públicos y reforzar la Alta Inspección Educativa, sus competencias, sus medios, sus plantillas, para evitar el adoctrinamiento.

Se promete activar la Ley de Acción Exterior para evitar “la propaganda institucional del independentismo” y se incide en la necesidad de aprobar una norma de símbolo nacionales en pro de la “neutralidad institucional”.

Este capítulo se cierra con la iniciativa de aprobar una Ley de Lenguas que “garantice el derecho a usar el español en todo el territorio” y con la promesa de impulsar una Ley de Concordia que “incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia” para que “nunca más” vuelva “el odio y la violencia entre españoles”.