Ayuso explicó que el propósito de esta iniciativa es “incrementar y mejorar si cabe la seguridad en la Comunidad de Madrid” y “reconocer la labor de los agentes a los que tanto debemos por poner en riesgo sus vidas e integridad al defender los dos bienes más importantes que tiene el hombre, como son la vida y la libertad”.

La presidenta informó de que el Ejecutivo regional, a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), cuenta ya con casi medio centenar de viviendas, ubicadas en el distrito Centro de la capital, que podrán ser objeto de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar el acceso a un hogar para sus miembros. Se trata de cuatro inmuebles, compuestos por 70 pisos, de los que 48 están ya disponibles para ser habitados y para su uso inmediato.

Afirmó que el decreto que regula el funcionamiento de la AVS ya contempla los mecanismos necesarios para regularizar una adjudicación, que podrá formalizarse mediante un convenio de colaboración, en este caso con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Mediante este acuerdo se determinarían los requisitos y condiciones de acceso a las 48 viviendas disponibles, así como la forma para su adjudicación en régimen de alquiler.

También esbozó otras medidas de apoyo en las que trabaja el Gobierno regional para policías y guardias civiles en materia de vivienda, transporte, dependencia o educación.

En el ámbito educativo se facilitará la escolarización de los hijos de los agentes, con beneficios en las ayudas de comedor, para el transporte escolar y para su participación en actividades extraescolares que se desarrollen en los centros.

En materia de transportes, la aplicación de tarifas especiales y más económicas para los agentes y sus familias. En vivienda, la reserva de un porcentaje para las familias de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de las 25.000 que contempla construir el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid.

También que se podrán beneficiar en los baremos de ayudas al alquiler autonómicos de vivienda pública, y en el ámbito de dependencia, habilitar una serie de ayudas para facilitar que accedan a ellas si tienen personas dependientes o mayores a su cargo.

MEJORAS SALARIALES

Ayuso indicó que, paralelamente, la Comunidad de Madrid se dirigirá al Gobierno central para reclamar una mejora en las instalaciones de las comisarías y las casas-cuartel de la región.

También se propondrá que la Asamblea de Madrid inste al Ejecutivo nacional a extender a los miembros del Instituto Armado destinados en la región el plus salarial en concepto de capitalidad que beneficia a policías nacionales, aumentando además su cuantía para ambos cuerpos.

Díaz Ayuso, que presidió la reunión de la comisión de trabajo creada para elaborar un informe que incluya distintas ayudas para agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en los municipios madrileños, dijo que esta iniciativa del Gobierno regional persigue atraer efectivos para que elijan la Comunidad de Madrid como "destino, fomentando su arraigo y el de sus familias".

Afirmó que actualmente hay alrededor de 2.500 plazas vacantes de ambos cuerpos en la región, lo que supone “una carencia” y dijo que “queremos poner en manos de las familias de policías nacionales y guardias civiles que están sopesando venir a Madrid facilidades para que así sea y que el alto nivel de vida de la región no sea en ningún caso un freno en sus planes”.

En la reunión presidida por Ayuso participaron los consejeros de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y de Vivienda y Administración Local, David Pérez.

FORMACIÓN Y SEGURIDAD

Ayuso también anunció la puesta a disposición de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de las instalaciones del Ifise, dependencias en las que tuvo lugar la reunión de la comisión y que dependen de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

Con esta decisión, señaló, el Ejecutivo regional aporta sus recursos -entre ellos, la galería de tiro y aulas de formación e intervención policial- para la mejora de la formación de los agentes que hayan elegido como destino la Comunidad madrileña y, por tanto, contribuye a incrementar la seguridad en el trabajo de estos funcionarios y su capacidad de promoción interna.

En la actualidad se calcula que en la Comunidad de Madrid trabajan cerca de 13.000 policías nacionales y otros 7.500 guardias civiles, y otro 10% de las plazas disponibles se encuentran vacantes, es decir, 2.500 aproximadamente.

Precisamente, para paliar esa situación, dijo Ayuso, el Gobierno regional creó este grupo de trabajo que actúa de manera transversal y está formado por once miembros de diez consejerías.

En el plazo de seis meses se deberá elaborar un plan que incluya ayudas a la vivienda, al transporte o la escolarización, entre otras materias, además de realizar una propuesta para destinar fondos a la rehabilitación de las casas cuartel de la Guardia Civil existentes en la región.

El objetivo de este plan de incentivos es que todos los municipios de la Comunidad cuenten con suficientes policías nacionales y miembros de la Benemérita, incluidas las zonas rurales y municipios con menor densidad de población.

A su juicio, este plan es un compromiso del Gobierno regional para los más de 20.000 agentes y sus familias que desempeñan sus funciones en la región, de modo que se sientan apreciados e integrados entre los madrileños.