En esta iniciativa se insta al Gobierno regional a “continuar la política de reducción de impuestos llevada a cabo durante los últimos años, aprobando a lo largo de la legislatura las rebajas fiscales que sean posibles".

También se busca que el Gobierno regional se dirija a la Federación de Municipios de Madrid para que recomiende a los ayuntamientos asociados que no suban los impuestos durante la presente legislatura.

Asimismo, se pide a la Comunidad de Madrid que se dirija al Gobierno central para que respete las medidas normativas sobre los tributos cedidos adoptadas desde 1996 por las comunidades autónomas en desarrollo de los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad mediante el correspondiente compromiso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Insta también al Gobierno regional a que promueva una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas, "reforzando el principio de corresponsabilidad fiscal, mediante la prohibición de adopción de decisiones que restrinjan el ámbito competencial normativo vigente, de manera que se garantice que no se recortará el actual nivel de autonomía normativa en materia tributaria".

Muñoz Abrines afirmó que el PP lleva bajando impuestos 15 años en los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid, lo que ha permitido que “la región crezca más y evolucione mejor en materia de empleo que el resto de comunidades autónomas”.

Explicó que el peso de la economía madrileña en relación al conjunto nacional ha crecido de manera “muy significativa, con un PIB que representa el 19 % del total nacional. También la renta per cápita de la Comunidad de Madrid hoy es la más alta de las regiones de España”.

A su juicio, “si la Comunidad de Madrid ha podido desarrollar una política tributaria de bajada de impuestos ha sido como consecuencia del marco jurídico del que gozan las comunidades autónomas”.

Finalmente, señaló que los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal permiten un marco de descentralización donde fijar de mejor manera la responsabilidad de cada administración en relación con sus gastos e ingresos.