En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá aseguró que “las familias no tienen nada que temer” y que “es una controversia alimentada de manera artificial”, pues “el PSOE ha sido el baluarte más claro de la defensa de la educación pública y concertada”.

Así lo dijo refiriéndose a que la LODE, que regula los conciertos, fue impulsada bajo el gobierno de Felipe González en 1985. “Pueden estar tranquilas”, insistió, recordando a las familias que su equipo ha “trabajado” con la concertada.

La ministra insistió en aclarar sus polémicas declaraciones este jueves en el Congreso de Escuelas Católicas en Madrid y recordó que “hasta 30 sentencias del Constitucional” sobre el artículo 27 de la Constitución refrendan que ese artículo se centra en la libertad de enseñanza, creación de centros y libertad de cátedra y que el Gobierno ha contado con “todos” para diseñar su reforma educativa.

En su opinión, la controversia es “exagerada”, porque lo que se dijo correspondió a una parte teórica de las citadas sentencias. “Una cosa es un derecho constitucional y otra es una libertad de elección de centros”, aclaró, indicando que “la familia educa y tiene que ayudarse de los servicios de la educación”, con profesionales. “Eso no es el Estado”, recalcó.

En opinión de la ministra, “si elegir un centro fuese un derecho” los padres podrían acudir a los tribunales cuando se les niega la admisión de sus hijos en un centro. Sería “absurdo”, protestó. “El sector puede de momento estar tranquilo”, agregó.

En respuesta a los periodistas, la ministra portavoz en funciones también recalcó que “no estamos en países totalitarios donde el Estado educa a los niños”. “Esto no es así, los centros públicos y privados están sujetos a control de la ciudadanía con los consejos escolares”.

Por otra parte, Celaá lanzó otro mensaje de tranquilidad porque su ministerio “no tiene para nada ningún acuerdo para revisar los acuerdos con la Santa Sede”. Según dijo, no se puede mezclar esta controversia sobre la educación concertada, que principalmente afecta a centros católicos, con el compromiso electoral de reformar los acuerdos con la Santa Sede. “Para nada”, dijo.