ARI alegó que Renfe dio prioridad a la utilización masiva de medios generalistas, sin tener en cuenta el perfil de los lectores de revistas, pese a que, según los datos del estudio AIMC Marcas 2018, el 80,5% de los lectores de revistas, de cualquier temática, realizaron algún viaje por España en el último año, mientras que la media de la población está en un 75,8%. En el caso de alguna revista de viajes, este dato llega al 99,9%.

Con el objetivo de hacer una campaña de publicidad masiva para la población general, el pliego del acuerdo marco prevé un gasto cercano al 2% en revistas, a la vez que especifica que no existe obligación alguna de alcanzar tal cifra.

En el año 2018 el gasto en publicidad en España fue de 5.513 millones de euros, de los cuales 228 millones se invirtieron en publicidad en Revistas, un 4,1% de la inversión total. De los 55,5 millones de euros invertidos por la Administración central en el año 2018, menos de un millón se invirtió en revistas, 1,7%. ARI considera que el 4,1% es el porcentaje mínimo exigible que se debe invertir en revistas en cualquier campaña de publicidad institucional.

ARI adujo además que destinar la mayor parte de la inversión publicitaria a grandes grupos de comunicación “significa no solo no promover la utilización eficiente de los recursos públicos, sino que también supone un bloqueo a la pequeña y mediana empresa editora de revistas”.

El tribunal ha dispuesto, en línea con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, que los plausibles perjuicios que pudieran derivarse son de difícil reparación, suspendiendo la tramitación del procedimiento de contratación en tanto y cuanto no exista resolución definitiva.