Así consta en un documento oficial firmado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, al que ha tenido acceso Servimedia, y que cataloga como “clasificada, en la categoría de reservado,” la información relativa al “material antidisturbios empleado por la Policía Nacional en Cataluña en el dispositivo desplegado tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo” relativa al ‘procés’.

Para ello, se ampara en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, “por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley sobre Secretos Oficiales”, que otorgó la clasificación de “reservado” a las “plantillas de personas, los medios y al equipo de las unidades”.

Este acuerdo, elaborado por el Gobierno de Felipe González, pone al mismo nivel la información sobre el material antidisturbios y la relativa al transporte de armas, los planes de seguridad de las distintas instituciones o los dispositivos de protección para las autoridades.

El Gobierno justificó entonces esta decisión porque, aunque “la Constitución establece el principio de que una participación ciudadana responsable de los asuntos públicos exige una necesaria información”, se debe hacer una excepción “en los casos en que sea necesario proteger la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Además, la Policía Nacional deniega la información porque “la operación policial” relativa a los disturbios tras la sentencia del ‘procés’ “continúa desarrollándose”.