El objetivo de los promotores es cambiar el sistema actual de fijación de precios de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en sanidad y crear un fondo de investigación y formación independiente, según explicó en declaraciones a la prensa uno de los portavoces de la comisión promotora Fernando Lamata.

El que fuera consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha exigió, además, que el precio de cada fármaco “se negocie y se fije en relación con lo que cuesta la fabricación e investigación”.

Ello con el fin de que no se venda a un precio “especulativo”, por lo que urgió a un cambio en la ley del medicamento en este sentido exponiendo el caso de los medicamentos para la Hepatitis C, cuya investigación y fabricación “puede rondar los 300 euros y se ha pagado un promedio de 19.000”.

“¿Quién pagaría 19.000 euros por un teléfono móvil que cuesta 300 euros? Esto es un disparate y se está haciendo cada vez más”, reflexionó, al tiempo que agregó que esta circunstancia es la que esta iniciativa “quiere evitar” promoviendo medicamentos “accesibles y con un precio razonable”.

Además, ese exceso de gasto en medicamentos se traduce, a su juicio, en que “no se pueda gastar en salarios de profesionales” y, con ello, en un aumento de las listas de espera y la pérdida de calidad asistencial y, además, "pone en peligro la sostenibilidad del sistema".

Un proceso de deterioro que, avanzó, “estamos ya viviendo” y que se complementa con un "exceso” de prescripciones “inadecuadas” que ya “está costando al año 100.000 vidas en Europa y 10.000 en España" por sus efectos adversos.

Junto a ello, el siguiente objetivo de los promotores de esta iniciativa es que se informe “con transparencia” sobre el proceso de investigación y fabricación de un fármaco de modo que la negociación entre industria y el Ministerio “sea clara”.

A este respecto, puntualizó que cada vez más universidades y centros públicos están realizando investigación aunque, en la última fase, es la industria farmacéutica la que adquiere la patente, lo que le permite “poner un precio especulativo, porque tiene el monopolio”.

En este punto, apostó por que el centro público que ha hecho esa investigación “sea el que pueda comercializar el fármaco a un precio de coste”. “Ya no es cierto el argumento de que es la investigación la que hace que el precio sea tan caro”, subrayó en torno a un “problema mundial” que requiere una solución a gran escala y, al menos, “a quince años”.

El “objetivo final” debe ser la aprobación de un convenio internacional que prohíba las patentes de los medicamentos y en ese sentido precisó que este mismo debate ya se ha abierto en EE.UU. y en Europa.

"A ese acuerdo se llegará con los pasos que demos en cada país”, avanzó, para instar a la ciudadanía a ser “consciente” de que esa burbuja “va a estallar y nos va a dejar sin medicamentos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”. Por todo ello, insistió en que esta iniciativa “interesa a toda la ciudadanía”. “Aquí ya está jugándose con la vida de la gente porque no vamos a poder pagar los medicamentos”.

La portavoz del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Patricia Capdevila, señaló también la importancia de crear un fondo público de formación e investigación “independiente” del patrocinio de la industria y que se financie con el dinero que se ahorraría en caso de que se fijaran los precios justos de los medicamentos.

En este sentido, apuntó que con esta iniciativa legislativa se conseguiría destinar a este fondo 1.500 millones de euros anuales y recordó que la sanidad pública “no está a la venta”.

Por su parte, el también portavoz de la comisión promotora, Damián Caballero, animó a la ciudadanía a apoyar esta “importante” iniciativa, dado que solo con su firma será posible “seguir abriendo un debate social y político trascendental para la sanidad pública”.

Las entidades cuentan con un plazo de siete meses prorrogable por otros tres para recoger esta firmas que permitirían el debate en el Congreso.