“Continúa siendo motivo de preocupación y malestar para los trabajadores que cotizaron cuarenta o más años a la Seguridad Social, que se les apliquen coeficientes reductores que disminuyan la cuantía de sus pensiones de jubilación anticipada, según lo dispuesto en los artículos 207 y 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”, expone el Defensor en su informe anual correspondiente al año 2025, que este martes entregó en el Congreso de los Diputados.

Los interesados exponen al Defensor del Pueblo, “razonadamente”, que han contribuido “de forma notoria” al sostenimiento del sistema de pensiones, por lo que se consideran indebidamente penalizados. De hecho, algunas asociaciones han solicitado al Defensor del Pueblo que propicie los cambios normativos para eliminar estas reducciones, aunque a esta institución no le corresponde la iniciativa legislativa.

No obstante, ha dado traslado de las alegaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que se ha remitido a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la Unión Europea, que establecen como objetivo básico el fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, ante el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida. También ha señalado que cualquier modificación en esta materia debería ser debatida en el seno del Pacto de Toledo, al suponer un incremento del gasto público.

Por otra parte, en materia de Seguridad Social, el Defensor señala que sigue recibiendo quejas de ciudadanos que encuentran dificultades para poder incorporar períodos de cotización a efectos del reconocimiento de su pensión, debido a que su empresa o incluso administraciones públicas omitieron el pago de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

De hecho, pone el ejemplo de un grupo de profesoras de Religión que, en la Comunidad Valenciana, no pudieron cotizar durante 10 años, con lo que ahora encuentran graves problemas para acceder a su pensión contributiva.

Por ello, la institución dirigida por Ángel Gabilondo emplazó el pasado año al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a corregir esta situación, a lo que desde el departamento dirigido por Elma Saiz se respondió que se analizará la situación por su complejidad y que se abordará con sindicatos y patronal en la mesa de diálogo social.

Otro significativo grupo de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo lo constituyen las formuladas cada año por interesados a los que se deniega el derecho a la pensión de jubilación contributiva, por descubiertos de cuotas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Además, el informe traslada que el Ministerio está estudiando adaptar el complemento de brecha de género por hijos a las exigencias de la normativa europea, mientras que sigue recibiendo numerosas quejas de hombres que encuentran dificultades para acceder a esa prestación.