Su propuesta, que la formulan ante la inauguración en Madrid de la Cumbre del Clima (COP25), serviría según afirman para compensar el déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre España en la imposición medioambiental respecto a la media europea.

La iniciativa sugerida por los técnicos de Hacienda en fiscalidad medioambiental europea persigue lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65 países, entre los que figura España.

También han expresado este compromiso otros grandes países de Europa como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción Climática.

“Cumplir el principio de que quien contamina paga ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un momento en el que la Eurocámara ha declarado la emergencia climática”, refirió el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

La propuesta de Gestha es gravar bascula sobre dos ejes principales: unificar en tributo la imposición a gases de efecto invernadero y modificar algunas imposiciones europeas.

Así propone gravar las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan Dióxido de carbono (CO2), Óxido nitroso (N2O), Metano (CH4), Clorofluorocarbonos (CFC) y Ozono troposférico (O3). Excluyen del tributo otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) al encontrarse ya gravados en España por el Impuesto sobre gases fluorados, si bien Gestha indica que “apenas” recaudó 91 millones el pasado año y su consejo es “unificarlos” en el nuevo tributo.

EXCLUIDOS LOS FABRICANTES DE TURISMOS

Del impuesto excluyen las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) para evitar la doble imposición, a los fabricantes de los turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos.

El resto, tanto de personas como empresas no contempladas en ese colectivo, tendrían que atender el nuevo tributo a través de la imposición sobre distintos factores impositivos: los carburantes y los combustibles, un factor ligado a la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la contaminación y otro ligado al contenido energético, con intención de “reducir el consumo energético con independencia del producto energético utilizado”.

En opinión de Gestha el nuevo tributo debería de tener carácter estatal, sin menoscabo de que pueda negociarse con las comunidades autónomas la cesión de parte de su recaudación.

REFORMULAR LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Al margen del nuevo tributo, los técnicos de Hacienda abogan por cambiar la directiva comunitaria sobre la imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y piden equiparar la tributación que soporta el diésel y la gasolina.

Según refieren, si bien el diésel es un combustible mucho más contaminante, su gravamen es entre un 23% y un 29% inferior al de la gasolina. El Gobierno estimaba en el fracasado Proyecto de Presupuestos Generales que reduciendo la bonificación del impuesto especial sobre el gasóleo podrían ingresarse 670 millones.

Su propuesta contempla también suprimir el impuesto especial sobre el carbón para integrarlo dentro del nuevo tributo, puesto que España sólo recaudó 255 millones en 2018 debido a las amplias exenciones; y reformular el existente sobre la electricidad.

Abogan además por revisar las exenciones del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y que depende de las emisiones de CO2, toda vez que los vehículos exentos han pasado del 21% en 2008 al 76% de los vehículos vendidos en 2016.