La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, trasladó que ella y el popular Adolfo Suárez Illana, en calidad de secretario, votaron “en contra” de la publicación de la lista de diputados, porque “en algunos casos” consideran que “no cumplido con la legalidad para el juramento o promesa” de la Constitución.

El PP, Vox y Ciudadanos presentaron de manera individual sendos recursos al Congreso denunciando las fórmulas empleadas por algunos diputados para acatar la Constitución.

La Mesa, en su orden del día de hoy, llevaba la publicación oficial de los 350 diputados y se aprobó por la mayoría (6) de representantes de la izquierda (PSOE y Podemos), frente a la derecha (PP y Vox), que votó en contra.

Preguntada por qué en su etapa como presidenta del Congreso no planteó ninguna crítica cuando se realizaron acatamientos similares, Pastor se defendió asegurando que entonces nadie se quejó y que si hubiera sido así habría consultado con los servicios jurídicos de la Cámara. Pero ahora, “cada momento es cada momento, y en cada momento se actúa según la legalidad”.

Precisamente, Pastor -que compareció junto a Suárez Illana al término de la primera reunión de la nueva Mesa- aseguró que los representantes del PP en este órgano de gobierno “lo que hacemos es trabajar por el bien de la casa y del Parlamento, y para lo que estamos es para velar por la legalidad, especialmente en estos momentos. Yo creo que es un plus”.

Por su parte, el vicepresidente cuarto y representante de Vox en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, quiso resaltar que él, y no los del PP, había sido quien primero pidió la palabra para rebatir que todos los diputados hubieran adquirido la condición plena de tales por sus fórmulas de acatamiento y que pidió incorporar al orden del día el escrito registrado ayer por el presidente de su partido, Santiago Abascal, pidiendo reconsiderar que Batet las diera por válidas.

Gil Lázaro aseguró que, cuando fueron presidentes del Congreso los socialistas Manuel Marín y José Bono y el popular Jesús Posada, sí se admitió calificar de urgencia este tipo de escritos. Él volvió a sostener que algunas fórmulas habían “sobrepasado manifiestamente” lo consentido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en el caso de Bildu y sus juramentos en euskera sin traducción.

Al no aceptar la mayoría de la Mesa estudiar el escrito de Abascal, Gil Lázaro pidió la votación separada de los puntos del acuerdo para la publicación de los nombres de los diputados, y ahí se produjo la unión de los tres votos de PP y Vox contra él mismo, insuficientes para impedir la publicación ante los seis del PSOE y Unidas Podemos.