El Reglamento de la Ley de Extranjería recoge la posibilidad de obtener documentación a través del arraigo laboral en su artículo 45.2a y no entró en vigor con el resto del articulado, el pasado 7 de febrero, ya que esta normativa contemplaba un proceso de normalización de tres meses.

El citado artículo dice que se podrá conceder autorización de residencia por arraigo laboral a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.

Así, los extranjeros irregulares que no lograron firmar un contrato de trabajo con su empresario o empleador en el pasado proceso de regularización podrán solicitar ahora su documentación presentando los citados requisitos.

Entre estos requisitos destaca la denuncia que el inmigrante irregular tendrá que presentar ante la Administración en la que conste que ha trabajado durante al menos un año sin contrato.

Además, la Inspección de Trabajo levantará actas de infracción para estos empresarios que deberán regularizar a los extranjeros a los que facilitó empleo sin contrato o pagar las sanciones que estipula la legislación en esta materia.