Ésta es la conclusión principal del informe 'Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas', presentado este lunes en la Cumbre del Clima de Madrid y elaborado por Greenpeace en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

El informe se hizo público en vísperas de que este martes se celebre el Día de los Derechos Humanos y denuncia que extraer carbón no sólo provoca daños al medio ambiente, sino también directamente a las personas.

"La quema de carbón es la principal responsable de cambio climático en el mundo y causa serios impactos en nuestra salud, mientras que la extracción conlleva costes muy elevados en el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que habitan en las zonas mineras. La crisis del clima es una crisis de derechos humanos y el carbón provoca directamente ambas”, aseguró Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

MILLONES DE LITROS DE AGUA

En Colombia, el caso más significativo es el de la minera Cerrejón, la empresa de carbón en La Guajira, donde se halla la mina abierta más grande del mundo, que ocupa 250.000 hectáreas, extrae 108.000 toneladas de carbón al día para la exportación y ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio.

"Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras la gente se está muriendo de sed", asegura Diego Alejandro Rojas, del colectivo Arbelaez, en La Guajira, quien añade que el carbón que se extrae allí "llega a Europa". "Yo lo he visto llegar a Gijón. Se han perdido las explotaciones agrícolas, unos 5.000 niños han muerto de desnutrición", añade.

El informe indica que la producción de carbón en Indonesia ha aumentado exponencialmente en los últimos 15 años y este país se ha convertido en uno de los mayores exportadores de carbón en el mundo, lo que ha desencadenado un crecimiento caótico en la concesión de licencias. Cerca de un 43% de la superficie de la región de Kalimantan Oriental, en Borneo, ha sido entregada a las empresas mineras, según Jatam, una organización medioambiental con sede en Jakarta.

En Rusia, el informe destaca que las compañías mineras rusas explotan intencionadamente el carbón cerca de los centros de población existentes, en lugar de en áreas menos pobladas. Esto reduce los costos de infraestructuras y facilita la mano de obra disponible. "Hay casos como el de la localidad de Kiseliovsk, en la que la mina ha entrado en la ciudad, una mina a cielo abierto. En esta localidad ha llegado a nevar nieve negra. Parece difícil de creer, pero la gente vive ahí", aseguró Vladimir Slivyak, de la organización rusa Ecodefense.

En Sudáfrica, donde el carbón es la segunda mayor fuente de ingresos del país, las violaciones de derechos humanos se repiten sistemáticamente, según el informe. Ello ocurre especialmente en la provincia de Mpumalanga, al noreste del país y una región tradicionalmente rica en carbón de la que se extrae el 83% del total producido en la nación.

En todos los casos, las mujeres suelen sufrir de manera diferenciada los impactos de la extracción. "Yo he tenido varias amenazas. En 2013 me vinieron a buscar a casa, mis perras me alertaron y pude esconderme. Me esperaron toda la noche y mataron a mis perras antes de irse. Recurrentemente me tiran piedras sobre la casa porque quieren que me vaya", explicó María Cristina Figueroa Bouriyu, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

CENTRALES TÉRMICAS

Por otro lado, las centrales térmicas aún continúan funcionando en España; de hecho un 14,1% de la producción eléctrica del año pasado se produjo con la combustión de carbón, que generó casi 40 millones de toneladas de CO2 (cuatro veces las emisiones anuales de toda la ciudad de Madrid).

En total, la importación de carbón en España ascendió a 16,5 millones de toneladas de este mineral en 2018, con Asturias y Galicia a la cabeza del ranking autonómico. Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica han sido los principales proveedores de carbón a España desde 2010 y están entre los primeros también en los ámbitos europeo y mundial.

Las empresas eléctricas que compran el carbón para quemar en sus térmicas son responsables de identificar y prevenir cualquier impacto sobre los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Sin embargo, ninguna de las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy) consultadas para la investigación aportó los datos sobre la procedencia y volúmenes de carbón importado usado en sus centrales térmicas.

Con este informe, Greenpeace exige al Gobierno español que concrete una fecha de cierre de las térmicas de carbón no más tarde de 2025 y aumente el compromiso de reducción de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero al 55% en 2030 respecto a 1990 para alcanzar el cero neto en 2040.

Además, apuesta por un modelo energético 100% renovable y democrático que no viole los derechos humanos y respete los principios de justicia social y ambiental. "El Gobierno debe establecer mecanismos efectivos para asegurar su deber de vigilancia y control que obligue a las empresas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en toda su cadena de suministro", concluye.