En cambio, el magistrado sí ha condenado por un delito de falsedad en documento privado al que fuera presidente de la entidad zaragozana, Agapito Iglesias, y al entonces director financiero del club, Francisco Javier Porquera, a los que ha impuesto un año y tres meses de prisión.

El juez considera probado que ambos ocultaron la salida de 1.730.000 euros de las cuentas de la sociedad antes del partido y lo justificaron con nóminas falsas por supuestas primas a sus jugadores, ante la inminencia de la declaración del concurso de acreedores del Zaragoza SAD.

La sentencia, hecha pública hoy y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, recoge que Iglesias y Porquera acordaron que se contabilizaran “mendazmente” esas disposiciones de efectivo “como si se tratara del pago a los jugadores del Zaragoza de una prima especial por permanencia en Primera División”.

Asimismo, decidieron que luego se confeccionaran “nóminas y un recibí colectivo, firmado por el capitán del equipo, que las justificaran documentalmente, tanto externamente frente a la Agencia Tributaria, como internamente, dentro del concurso, frente a los administradores concursales y acreedores”.

El juez exculpa de esta maniobra a un tercer acusado, el exconsejero del Zaragoza SAD Francisco José Checa, porque entiende que no consta que actuara realmente como consejero desde su nombramiento, “al margen de las funciones que, como trabajador del club, encargado del área social, venía desempeñando previamente y que no incluían ninguna intervención en el área financiera de la entidad”.

Por otro lado, el titular del Juzgado de lo Penal 7 de Valencia no aprecia pruebas suficientes para determinar que el partido disputado entre el Levante y el Zaragoza -que se saldó con un resultado de 1-2, lo que permitió al equipo maño mantener la categoría- fuese amañado.

En esta línea, destaca que la declaración del presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, en la que denunciaba ese posible amaño, es únicamente un “testimonio de referencia” que no se ha visto corroborado por otros testigos como los directivos del Levante, el Deportivo de la Coruña o el Villarreal, entre otros, a los que aludía en su denuncia.

Por otro lado, los informes de la Agencia Tributaria que reflejan un descenso en las retiradas de efectivo de sus cuentas por parte de los jugadores del Levante en las semanas posteriores al partido “constituyen un indicio incriminatorio válido del posible amaño”, pero no permiten “afirmar sin ningún género de dudas que constituyen prueba bastante de la comisión del delito de fraude deportivo con el que se le relaciona”, añade el magistrado.

Del mismo modo, tampoco la grabación del partido revela “indicios claros o inequívocos del posible amaño denunciado”, pues éste transcurrió “dentro de los cauces de la normalidad y no hay ninguna jugada destacable, relevante para el resultado final, que pueda relacionarse lógicamente y de acuerdo con los principios de la experiencia con un posible tongo”.

Esa conclusión se ve reforzada por el testimonio del árbitro de partido, “un testigo privilegiado” que no advirtió, al igual tampoco lo hicieron sus auxiliares, “ninguna conducta extraña o sospechosa en los jugadores de uno u otro equipo, ni que los jugadores del Levante fueran pasivos o se dejaran ganar”.