En la misiva, sindicatos y patronales denuncian que "la industria electrointensiva española no puede seguir esperando promesas que no se materializan y, a la par, ver mermado el único instrumento que hasta el momento aliviaba parcialmente el diferencial de coste eléctrico con los principales países de la Europa continental”.

“Soportamos una brecha entre 20 y 25 euros por megavatio hora (MWh) respecto a la competencia francesa o alemana. Con este diferencial España no puede ser un destino preferente para atraer la inversión empresarial ni podrá mantener la industria electrointensiva existente", advierte la carta.

En cuanto a la subasta, lamentan que “la reducción arbitraria de la potencia a subastar (casi el 60%), junto con la desaparición de los bloques de alta disponibilidad de 40 MW supone un golpe durísimo a la competitividad de la industria electrointensiva española que se verá forzada a operar, con costes muy elevados por la magra cifra de 1.000 MW, frente a los 2.400 MW de la subasta anterior”.

En esta línea, añade que “ha habido tiempo suficiente para desarrollar metodologías alternativas y, en su defecto, propiciar el mantenimiento en 2020 de la situación vigente, como ha hecho Portugal”. Por último, defienden que “en 2020 se debería encontrar un nuevo mecanismo que satisfaga a todas las partes, de aplicación a partir del 1 de enero de 2021”.