Los consejeros han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como “incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica”.

Asimismo, el Consejo General de la Abogacía solicita la dimisión de la ministra Dolores Delgado por su “enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía”. La representación de los letrados considera de suma importancia que Pedro Sánchez, candidato a la investidura como presidente del Gobierno, sepa que cuenta en su Gabinete en funciones “con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan”.

Se ha debatido si la reclamación se hará atendiendo al baremo establecido o si se realizará de acuerdo a los honorarios de libre mercado de los abogados que han recibido una designación judicial para intervenir en un proceso. En todo caso, exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y abre la puerta a que aquellos Colegios de Abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

El Pleno del Consejo confía en que la justicia autorizará los pagos. “El Gobierno”, señala, “no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años”.