En un comunicado, el sindicato valoró que la ley marcó un “hito” y fue fruto del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

Sin embargo, criticó que los recortes que se produjeron en la dependencia los últimos años por la crisis económica han llevado el sistema a ser “asistencialista”.

Según UGT, a la pérdida de financiación del sistema se unió una reducción de las prestaciones de carácter económico, un descenso en la intensidad de los servicios y una caída de las horas de atención y cuidado, aumentando la aportación del beneficiario al sistema. “Se paga más para una cobertura más deficiente”, señaló.

Por ello, solicitó que, en el marco de revisión de la ley, se derogue el decreto de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad y se incremente la intensidad de los servicios, aumente la cuantía de las prestaciones al menos en un 20% y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.

Además, propone desarrollar la figura del asistente personal, encuadrando la relación laboral en el Régimen General de la Seguridad Social y una cualificación profesional y formativa adecuada, y establecer mecanismos que aseguren la “sostenibilidad económica de la ley”.

UGT subrayó que “con la esperanza puesta en unos presupuestos correctores de las desviaciones producidas por la ley, prima dar una respuesta inmediata a los miles de ciudadanos que necesitan una atención integral y de calidad”.