Giménez, que hizo estas declaraciones durante la presentación del Programa Territorial de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad social para el año 2020, dijo que este plan se desarrollará en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las condiciones laborales en la región.

Informó de que las más de 62.000 actuaciones de este programa se estructuran en cuatro grandes áreas. El próximo año se reforzarán las inspecciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en los sectores con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral y mayor número de trabajadores.

De las 13.992 actuaciones que se desarrollarán en esta área, 5.170 se dedicarán a comprobar condiciones de seguridad en el trabajo, especialmente en el sector de la construcción, y otras 3.860 a la gestión de la prevención.

El segundo gran bloque de inspecciones tiene que ver con empleo y relaciones laborales y está orientado a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos laborales.

El consejero manifestó que, de las 13.992 actuaciones previstas, 5.179 vigilarán especialmente evitar el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, y otras 3.829 controlarán las condiciones de trabajo y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Además, se llevarán a cabo 15.391 actuaciones para verificar el correcto encuadramiento de empresas y trabajadores en los correspondientes regímenes de la Seguridad Social, comprobaciones que se extenderán también a cotizaciones, bonificaciones o prestaciones.

Por último, se dedicarán 18.810 actuaciones a evitar fraudes como la contratación ilegal de trabajadores extranjeros o la vulneración del principio de igualdad de trato en sus condiciones de trabajo, especialmente en los sectores que registran una mayor incidencia de trabajadores extranjeros como la construcción, el comercio o la hostelería.

A todas estas actuaciones, añadió, que han sido consensuadas con los agentes sociales más representativos de la región –los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal CEIM-CEOE– se sumarán todas aquellas que se soliciten por parte de los trabajadores de la Comunidad de Madrid o de sus organismos públicos.