Junto al portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, Arrimadas presentó en rueda de prensa dos iniciativas parlamentarias registradas justo antes, una para evitar que los huidos de la justicia puedan concurrir a procesos electorales, y otra que ya presentaron semanas atrás de medidas contra la corrupción.

La propuesta sobre los huidos de la justicia ya fue presentada por Ciudadanos en febrero de 2018, recordó Arrimadas, pero en ese momento no fue posible acordarla con otros grupos. La imagen “bochornosa” de Carles Puigdemont celebrando la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su inmunidad y la de Oriol Junqueras, dijo, “España se la podría haber ahorrado” en caso de haber aprobado aquella propuesta, aunque en aquel momento el expresidente de la Generalitat de Cataluña ya estaba huido.

“Ciudadanos conoce los movimientos del nacionalismo, sabe ganar al nacionalismo”, dijo Arrimadas, y si los demás partidos hubieran escuchado sus advertencias “no tendríamos esa imagen de Puigdemont”.

Ahora Ciudadanos vuelve a registrar su proposición de ley orgánica para que, de cara a futuro, por ejemplo, Puigdemont no pueda concurrir a las elecciones autonómicas en Cataluña. Además, incluye modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en esa situación no pueda recibir retribuciones que le permitan permanecer fuera del alcance de la justicia.

Más allá de los detalles de la iniciativa, Arrimadas reiteró que los socios del Gobierno de España no pueden ser “los que quieren romper España” y no quienes “queremos defenderla”, y por ello aseguró que seguirá defendiendo “la vía 221”, el acuerdo del PSOE con el PP y Ciudadanos para sumar 221 escaños y garantizarla estabilidad de la legislatura.

El problema no es solo que el Gobierno vaya a depender de ERC, insistió, sino que dentro del Consejo de Ministros estaría Unidas Podemos, que “está diciendo lo mismo que ERC” y cuya posición ya es “indistinguible” de la mantenida por los independentistas.

Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de también de la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Arrimadas cree que la situación “dificulta” los planes de Sánchez de ser investido gracias a los nacionalistas, por lo que quizá se vea obligado a explorar la vía que ella propone.

Tras esas sentencias le pidió, además, que no interfiera en el criterio de la Abogacía del Estado y que deje trabajar a sus profesionales con parámetros jurídicos y no políticos, dados los “muchos precedentes de intentos de actuación para intentar influir” en su posición.

Lo dijo teniendo a su lado a un “señor purgado” como Bal por haber defendido que en la organización del proceso independentista se cometieron delitos de rebelión o de “sedición con violencia”, que fue, subrayó, lo que finalmente dictaminó el Tribunal Supremo.