Así lo denunció a través de un comunicado en el que también trasladó la “urgente necesidad” de acabar con el “agravio y discriminación” que sufren estos profesionales como consecuencia de un “grave” déficit de plantillas, la realización de funciones “propias de otros profesionales”, “altos” niveles de estrés o “discriminaciones” a nivel laboral y retributivo.

El sindicato recordó que han transcurrido más de quince años desde que se debía haber producido el traspaso de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y consideró este hecho una “clara discriminación con respecto al resto de la ciudadanía” al entender que, por esta causa, los presos “reciben una atención diferente y en peores condiciones”.

Tras exigir al titular de Interior que “agilice” este proceso al entender que la situación de estos enfermeros “es cada vez más insostenible”, subrayó que, en la actualidad, hay, de media, solo una enfermera para atender a 100 internos, lo que se traduce en

una atención “peor y menos segura” para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en España.

Además, a nivel retributivo, también sufren, según Satse, una “clara discriminación” con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes y sin tener en cuenta las “especiales condiciones de peligrosidad y penosidad inherentes a su desempeño laboral”.

En este contexto, el sindicato insistió en la “urgente necesidad” de dar una “solución definitiva” a un problema “enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos” y reclamó a Grande-Marlaska que “priorice” las negociaciones con los gobiernos autonómicos de todas las regiones, a excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes, para “propiciar” ese traspaso.

La organización sindical volvió a defender que una vez que este personal sea transferido a las comunidades autónomas, se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.