Así lo aseguró Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, como reclamo de que “la legalidad se restablezca”.

En su web, Vox, que apuesta por el 'pin parental' para mantener su apoyo político al Gobierno de la Región de Murcia, explica que el denominado 'pin parental' busca combatir el “evidente adoctrinamiento en ideología de género” de los menores a través de una solicitud de los padres que va dirigida a los directores de los centros educativos de sus hijos.

En ella solicitan que se les informe “previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”, que puedan resultar “intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los hijos, “de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar consentimiento o no” para que el alumno bajo su tutela asista a dicha formación.

La herramienta, según Celaá, “vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños a ser educados” y “excede con mucho las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley”.

La ministra también subrayó que el 'pin parental' afectaría a las denominadas actividades “complementarias” y que éstas también “son currículum básico” que “determina el centro y que se aprueba en Consejo Escolar donde tienen presencia las familias”. “Forman parte de ese tronco del curriculum de obligado cumplimiento”, recalcó y no son actividades voluntarias.

Por ello, insistió en que, frente al 'pin parental' “no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres” y en la defensa del “interés superior del menor”.

“Si esto fuera considerado, podríamos llegar a que surgiera un absurdo de que un grupo antivacunas no quisieran que los niños no fueran educados en la importancia terapéutica de las vacunas, o que la niñas, por el hecho de serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”, comparó.