La estrategia de Trapero en este juicio se centra en demostrar que no compartía el proyecto secesionista del Gobierno de Carles Puigdemont y que nunca puso el cuerpo policial al servicio de los intereses independentistas.

Por eso, cuando el fiscal le preguntó si era consciente de los planes del Govern para tener competencias plenas, Trapero aseguró en relación a una reunión con el secretario general del departamento de Interior, César Puig, con responsables de Economía: "No, claramente no. De los planes del Govern yo no tenía ni idea porque nadie me los había comunicado".

En ese encuentro, explicó, "Puig, el director de Mossos (ambos acusados en este juicio) y yo teníamos reuniones semanales con el conseller. En una de esas reuniones, Puig me informa que Economía le ha pedido una reunión muy técnica de la que no sabe nada".

Hasta entonces las relaciones de los Mossos y el departamento de Economía se ceñían a dos asuntos: los responsables de la consejería querían una copia de datos de la base que gestiona el cuerpo autonómico sobre los registros de hoteles y apartamentos. Según explicó, querían esa "información por tema fiscal”, pero “nos negamos porque esa base de datos es para temas de seguridad". Pero, además, Economía les pidió información sobre investigaciones fiscales y “también les dijimos que no”.

Tratando de demostrar el trato preferente que los Mossos habrían dado a los miembros del Gobierno secesionista, el fiscal le preguntó por qué se remitieron los informes policiales de las actuaciones ordenadas por la fiscalía el 8 de septiembre contra autoridades implicadas en la organización del referéndum al consejero de Interior Joaquim Forn, condenado por rebelión por el Tribunal Supremo.

"No es correcto”, respondió Trapero, “informo primero a la autoridad fiscal, se le remitieron todas las actuaciones que se hicieron. Yo en persona se lo entregué al fiscal superior de Catalunya. La mayoría de esas actuaciones eran de actos de publicidad, reuniones… Nos daban problemas a la hora de recuperar el material, realizar las actas. Luego había quejas de las entidades por nuestra actuación al conseller de Interior, por eso se le informó también”.