La formación que preside Santiago Abascal recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto del Gobierno vasco que pide a los ayuntamientos comunicarse con los vecinos en euskera, salvo que los ciudadanos pidan que la comunicación sea en castellano.

Se trata, dijo la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, de una “carta blanca” para “eliminar” el castellano y, además, imponer un “sectarismo lingüístico”.

Para Olona, el Gobierno vasco -coalición entre PNV y PSE- está siguiendo los “postulados racistas que comparten el PNV y EH Bildu” y ha creado “un sistema de segregación lingüística” por el que los castellanoparlantes pueden ser “señalados” por las administraciones públicas y configurarse así “un censo de euskaldunes y no euskaldunes, vascos de primera y segunda categoría, según el idioma que empleen”.

Olana insistió en que “nunca” dan una “bandera por arriada” en la “defensa” del derecho de todos los españoles y mantendrán una posición “férrea” sobre esta cuestión, así que además del recurso judicial interpuesto, en el que piden la nulidad del decreto, plantearán una cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley que le sirve de cobertura.

Junto a la pelea judicial, Vox registró en el Congreso una “batería de preguntas” para conocer la actuación del abogado del Estado en el País Vasco.