En un comunicado, exigió a González Laya que interceda ante las autoridades marroquíes para "promover activamente el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, especialmente en relación al Sáhara Occidental y al Rif".

"Esto incluye revocar las leyes que penalizan actividades relacionadas con el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión; no hacer uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones; permitir la inscripción de las organizaciones independientes en el registro oficial, y poner fin a la intimidación de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, y a su procesamiento por cargos de motivación política", apuntó.

"Las autoridades marroquíes hostigan a periodistas, blogueros, artistas y activistas por expresar sus puntos de vista pacíficamente", señaló recordando que, en 2019, cinco activistas fueron encarcelados con el pretexto de que habían insultado a funcionarios públicos.

Además, solicitó a la ministra que en sus reuniones con las autoridades marroquíes apoye la despenalización urgente del aborto y que pida la derogación de todas las demás leyes que discriminan a las mujeres.

Según la ley marroquí, las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son un delito punible con hasta tres años de prisión, algo que Amnistía instó a España a tratar de modificar.

"Ni las personas que sufren ataques homófobos ni la inmensa mayoría de las mujeres víctimas de violencia denuncia nunca sus agresiones porque consideran que los culpables jamás serán castigados", subrayó.

Por otro lado, Amnistía transmitió su preocupación ante las violaciones de derechos humanos denunciadas por las expulsiones de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos, que tildó de "ilegales".

En su opinión, España debería revisar su acuerdo de cooperación con Marruecos en cuanto a control fronterizo, a fin de garantizar los derechos de las personas migrantes.