En la exposición de motivos, Ciudadanos recuerda que el 8,5% de la sociedad española presente algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de cuatro millones de personas tienen que enfrentarse cada día a numerosas barreras de todo tipo para vivir su vida con plena autonomía.

“La accesibilidad universal representa un objetivo trascendental, pues no se trata simplemente de favorecer las condiciones de vida de un colectivo necesitado de apoyos específicos, sino de garantizar la plena inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad con el resto de ciudadanos, permitiendo con ello el pleno desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Sobre esa base, considera necesario poner en valor la labor de las Secciones de Protección de Personas Vulnerables del Ministerio Fiscal español, constituidas una vez que la Constitución confiere a la Fiscalía “la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”.

Esa labor incluye la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de los mayores, que se garantiza de manera expresa en la Constitución, en estrecha relación con el mandato general a los poderes públicos para “promover las condiciones de libertad y de igualdad para todos los ciudadanos y de remover los obstáculos que impidan o dificulten que estas sean reales y efectivas para todos”.

De ese modo, dice Ciudadanos, el Ministerio Fiscal no actúa únicamente ante los tribunales penales, sino también fuera de ellos, ante la jurisdicción civil, al objeto de señalar aspectos, hechos o circunstancias que puedan estar limitando los derechos de las personas vulnerables, mediante escritos realizados a instancias de los particulares en los que se advierten incumplimientos o insuficiencias subsanables.

Estas funciones se han consolidado con el paso del tiempo gracias al empeño de los sucesivos Fiscales Generales del Estado, dice, y la última ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal contempla la creación de una Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

Sin embargo, Ciudadanos denuncia que aún no se ha creado de modo efectivo ni existe previsión de dotación, que debe incluir tanto la correspondiente memoria económica como la adscripción de fiscales adjuntos, algo que considera “injustificable”.

Además, y con la misma justificación, Ciudadanos pregunta por escrito al Gobierno cuándo piensa proceder a esa creación y dotación económica efectivas, y qué otras medidas piensa impulsar para consolidar esa protección por el Ministerio Fiscal de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores en ámbitos no penales.