Los españoles mayores de 65 años han pasado de ocho millones en 2010 a nueve millones en 2019. En ese tiempo, la ratio de plazas en residencias ha pasado de 4,56 por cien mayores a 4,21, cuando los organismos internacionales recomiendan que haya, al menos, cinco plazas por cada centenar de ancianos.

Además, las plazas públicas apenas representan el 2,5 de esa ratio. “Hay que recordar que unas 100.000 personas que tienen reconocido actualmente grado de dependencia están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho”, recordó la asociación de directores de Servicios Sociales.

Aunque no se sabe cuántas de ellas han solicitado plaza residencial, las estimaciones de esta organización señalan que existen unas 70.000 personas dependientes que demandan estar en un centro residencial de mayores, una cifra coincidente con el déficit global de plazas que necesitaría España para ajustarse a las recomendaciones internacionales.

Además, la situación muestra diferencias muy significativas entre comunidad autónomas. Sólo cinco regiones alcanzan la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo una, Castilla y León, alcanza la ratio con plazas de financiación pública.

Los principales déficits de plazas residenciales se dan en Andalucía (27.981), Comunidad Valenciana (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

Existen también grandes diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 euros anuales en comunidades como la valenciana, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros en Aragón, Región de Murcia, Navarra o País Vasco.

En estas dos últimas regiones se alcanzan cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros, respectivamente. “Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros al mes; resulta así que en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas”, lamentó la asociación.

Por tanto, los directores de Servicios Sociales piden un “esfuerzo” a las comunidades para adecuarse a los estándares y crear plazas accesibles que se ajusten a las posibilidades de los mayores de 65 años, pues son las residencias públicas “las que aseguran el derecho efectivo a una plaza residencial cuando se precise”.