Según denunció este lunes Satse, en la actualidad, no está generalizada la personación de las administraciones públicas sanitarias en los procesos judiciales relativos a agresiones a profesionales, “realizándose únicamente en algunos servicios de salud en base a protocolos propios de actuación establecidos ante los casos de violencia en el trabajo”.

El Sindicato de Enfermería considera que todos los servicios de salud, sin excepción, deben acometer esta acción para que la enfermera o enfermero agredido no se sienta “abandonado” por sus responsables públicos y “cuente con todo su apoyo y acompañamiento en la dura experiencia que deberá también vivir una vez que ha denunciado lo sucedido”.

De igual manera, y una vez registrado un caso de agresión, desde este sindicato se propone la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero o enfermera un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.

“Acabar con las agresiones, tanto físicas (empujones, puñetazos…) como verbales (insultos, vejaciones, amenazas…), es una de las principales prioridades del Sindicato de Enfermería, de ahí que haya elaborado una propuesta de ley estatal que espera presentar en próximas fechas al nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el objetivo de que la haga suya e impulse su aprobación”.