Como muestra de voluntad por parte del Ejecutivo, en el documento abierto titulado la 'Agenda para el reencuentro' se afirma que “el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña comenzarán el diálogo político en el mes de febrero en la reunión constitutiva de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo que tiene como objetivo buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes”.

Este es el primer punto de ese documento, de cuatro páginas, que tenía previsto entregar Sánchez a Torra durante el encuentro de ambos en el Palau. Al situar en primer término la situación política, Moncloa reconocía que ésa es la cuestión que más importa al Ejecutivo catalán.

Fuentes de la Generalitat trasladaron a Servimedia que la verdadera “voluntad” de Sánchez se verá en los “temas que se pongan encima de la mesa”. Por su parte, insistirán en “lo importante”, que pasa por el tema político, porque ése es el que “permite resolver el problema”, ya que los “otros”, los cotidianos, “ya se hablan siempre”, comentan desde el Govern.

Con este trasfondo, fuentes de La Moncloa comentaron a Servimedia que la denominada ‘Agenda para el reencuentro’, es “una síntesis de las demandas acumuladas de los presidentes” y, por tanto, una clara muestra de voluntad de entendimiento.

En el documento, el Ejecutivo pretende reforzar su voluntad de entendimiento y de diálogo con el Govern, de ahí que detalle las líneas generales de cada uno de los 44 puntos en los que enmarca la relación entre ambas instituciones.

Con el fin de evitar la judicialización de la política, Sánchez mantiene su propuesta de que la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo y su búsqueda de soluciones se hará “en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica”.

En clave económica, Sánchez traslada el compromiso del Ejecutivo de reformar el sistema de financiación, de una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda, pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico; y el cumplimiento con el Estatut sobre las inversiones acorde al PIB catalán, como ya aparecían en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 que no vio la luz el año pasado.