“¿Qué medidas de supervisión de carácter prudencial se consideraría oportuno prever en lo relativo al riesgo tecnológico y a la externalización de estos servicios?” o “¿cómo debería tenerse en cuenta el riesgo tecnológico desde la perspectiva supervisora?” son algunas de las preguntas específicas que formula el documento buscando conocer el sentir de los ciudadanos y de los distintos agentes de la industria.

El propósito final no es regular de forma aislada en España sino hacer el trabajo de campo para contar con dicho conocimiento cuando a escala europea o internacional se dirima si hay que tomar cartas en el asunto, indican fuentes del ministerio.

“Es oportuno plantear una reflexión acerca de los retos que plantea el desarrollo tecnológico en el sistema financiero pues, a la vez que permite mejorar la prestación de servicios y redunda en ganancias de eficiencia, introduce también incertidumbre y pone de manifiesto ciertas debilidades”, argumenta el documento con el que lanza la consulta.

El desarrollo de tecnologías de registro distribuido como es el blockchain y la irrupción, gracias a las mismas, de los criptoactivos, cuyo máximo exponente han sido las criptomonedas, está bajo lupa de las autoridades financieras desde hace tiempo y últimamente han reforzado además su seguimiento en el ámbito de los tokens respaldados por activos.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó, de hecho, en marzo de 2019 una declaración en la que instaba a aquellas jurisdicciones donde el uso de los activos virtuales no está prohibido a adoptar unas medidas mínimas de carácter transitorio hasta que se haya realizado una valoración completa de los riesgos que pueden conllevar.

Hay casi convicción de que tocará plantear soluciones regulatorias “tendentes a disminuir el grado de incertidumbre en cuanto a su empleo y potencial impacto que su estandarización dentro del sector bancario puede tener sobre la gestión del riesgo de las entidades y sobre el sistema financiero”, recuerda el texto del ministerio.

Ante esta situación el documento indica que entre las cuestiones que más interés despierta dentro de la esfera prudencial y que también plantea en su consulta son: “¿Cuál debe ser el tratamiento de los activos virtuales dentro del marco de requerimientos de capital?”, si debe regularse la participación de las entidades en las Initial Coin Offerings (ICO) y cómo contemplarlo en relación con la actividad de depositaria y custodia de activos virtuales.

Los ICOs son operaciones de financiación similares a las OPV (Oferta Pública de Venta), salvo que en lugar de emitir acciones u obligaciones se colocan tokens o criptoativos que pueden representar una forma de propiedad o derecho de uso, sin retribución, y sobre los que ya ha avisado el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por su alta volatilidad.

En su consulta el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también formula preguntas sobre cómo debería abordarse la supervisión de los riesgos tecnológicos en el mundo de las finanzas, ya que el propio desarrollo de la innovación “ha hecho que las entidades sean más vulnerables ante los ataques y las brechas tecnológicas, no sólo por la sofisticación de los métodos a través de los que se articulan estos ciberataques, sino por la especial sensibilidad que revisten los datos de los clientes bancarios”.

Según recuerda en el documento, tal es la preocupación a este respecto que el mismo Banco Central Europeo (BCE) ha fijado como prioridad supervisora el riesgo tecnológico.