El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, establece la facultad de la Administración para actuar “de manera inmediata” como consecuencia de situaciones que supongan un grave peligro, de modo que el órgano de contratación esté facultado para actuar sin ajustarse a los requisitos formales establecidos en la ley.

Esta norma añade que, si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días.

Por ello, el Consejo de Ministros ha declarado la tramitación de emergencia de las actuaciones necesarias para devolver la operativa de la AGA y unidades dependientes para reparar los daños que sufrieron en sus instalaciones los días 12 y 13 de septiembre de 2019 como consecuencia del paso de la DANA. A tal fin, destinará un total de 8.246.299,65 euros.