Así se pronunció Celaá en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno central frente a la “censura” que, a su entender, implica el 'pin parental', para que niños y adolescentes “puedan ejercer plenamente sus derechos educativos, en el marco de los valores de una sociedad democrática”.

La titular de Educación señaló que las instrucciones del gobierno de Fernando López Miras hacia los centros educativos incluyen un sistema que, a su juicio, “vulnera” el derecho fundamental de los menores a una educación “integral, que tiene que ser ejercida en el respeto a los principios democráticos”. “Además de eso, también menoscaba la capacidad de los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica, una cuestión reconocida por ley y la libertad de cátedra de los docentes”, espetó.

Unas instrucciones que, recordó, han sido objeto de requerimiento por parte de su departamento en el ejercicio de su “obligación” de que “todo el mundo cumpla la legalidad vigente”. Dicho requerimiento fue lanzado por el ministerio el pasado 17 de enero, por lo que el 17 de febrero concluye el plazo legal para la modificación y “corrección” de esas instrucciones.

“A partir de ese momento, de no haberse corregido esas instrucciones, presentaremos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el contencioso administrativo con petición de suspensión cautelar de dicho 'pin parental'”, insistió.

Celaá lamentó que, “mientras algunos” abordan “los problemas reales, otros lancean los molinos de viento tomándolos por gigantes”. “Esta es una de las cuestiones que hemos de corregir”, sentenció.

De este modo respondió a la senadora Adelina Escandell, quien, en representación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu advirtió de que el 'pin parental' “puede parecer sólo un intento más de hacer ruido y desviar la atención de los problemas de gran calado que padece la educación en España”, entre los que citó una financiación “insuficiente” o el abandono escolar.

No obstante, llamó a "no quitarle importancia" dado que, dijo, "significa poner en el centro del huracán a la educación pública, acusándola de adoctrinamiento ideológico y poner en duda la calificación profesional de los profesores”, al tiempo que defendió que la educación “necesita calma, discreción, observación, diálogo, ilusión, complicidad, silencio, palabras pero nunca amenazas”.

Escandell puntualizó que la Lomce reconoce la educación “integral” y que los diferentes tratados internacionales subrayan el derecho de niños y adolescentes “no sólo a recibir educación sino a que esta les ayude a conocer e intepretar el mundo”, tal y como consagra la Constitución que, para los grupos “que imponen el 'pin parental' se ha convertido en algo parecido a una biblia inamovible”, sentenció.

A este respecto, afirmó que España “va lenta y tarde” con respecto a la mayoría de países del entorno europeo en cuanto a la defensa de los valores “imprescindibles para construir una sociedad democrática” y aseguró que no podemos “permitirnos retroceder ni un solo paso” en este sentido.