Antes de la votación hubo un intenso debate sobre esta normativa que defendió la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien aseguró que “da igual la bancada donde nos sentemos porque el dolor y el sufrimiento humano es igual para todos”.

Durante su intervención, Carcedo recordó que esta normativa se debatía por tercera vez y “espero que a la tercera vaya la vencida y no haya triquiñuelas legales para que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado”.

Además, señaló que esta ley “regula un derecho voluntario, ya que quien no quiera ejercerlo no tiene por qué hacerlo”. De hecho, entre los requisitos para recibir la "prestación de ayuda para morir", la normativa expone en su capítulo II que será necesario que la persona sea mayor de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud". Además se pide disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.

A estos requisitos, la Proposición de Ley también incluye que el solicitante "debe sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable".

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

La diputada socialista también recordó que la ley regula, además, la labor de los médicos ante estos casos y permite que los profesionales que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia.

Según esta normativa, será el propio enfermo quien deba solicitar la eutanasia a su médico y este deberá informarle debidamente del proceso que ha de seguir. Además de la de su facultativo, el paciente deberá contar con una segunda opinión y su petición pasará por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, como responsables de las competencias en materia sanitaria. Este procedimiento no podrá durar más de 32 días, según la propuesta.

Carcedo destacó también que la eutanasia se incluiría en la Cartera del Sistema Nacional de Salud, es decir, que sea financiada con dinero público.

EUTANASIA Y COSTE ASISTENCIAL

A continuación tomó la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Echániz, quien provocó un bronco debate al comparar la eutanasia con los costes asistenciales.

“Un paciente sano cuesta en Holanda menos de 300 euros. Una persona enferma con pluripatologías no cuesta menos de 15.000 euros en el mismo país. Entonces podríamos pensar que viva poco y deje de gastar. Por ello, países de nuestro entorno como Francia, Italia o Portugal no quieren leyes así. Por ello, el Partido Popular tiene una alternativa que es la ley integral de cuidados paliativos porque buscamos garantizar la dignidad de la vida y la protección de los profesionales sanitarios”.

ENFRENTAMIENTO PARLAMENTARIO

Ante estas declaraciones, tanto Carcedo como la mayoría de los diputados pidieron a Echániz que pidiera perdón por sus palabras.

"No puedo creer lo que ha dicho porque tendríamos una ley de cuidados paliativos si no hubieran bloqueado esta ley en el Senado”, subrayó Carcedo.

Echániz volvió a asegurar que el grupo socialista había presentado una proposición de ley y no un proyecto de ley que “debe sustanciarse con una consulta pública y así evita enviar la normativa al Consejo de Estado”.

A FAVOR DE LA LEY

El resto de los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Vox, apoyaron esta proposición de ley. En este sentido, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, destacó su sorpresa por las palabras del diputado popular, ya que “me parece muy duro hablar de la eutanasia con un enfoque financiero. “Mi grupo va a votar a favor porque creemos en la dignidad de la persona y porque se trata de una ley garantista”.

En este mismo sentido intervino Pablo Echenique, diputado de Podemos, quien también reprendió a Echániz y aseguró que “hemos asistido a palabras sin escrúpulo”. Además, recordó a Ramón Sampedro y aseguró que “él no necesitaba cuidados paliativos y si eutanasia”.

Por último, la diputada de Vox, Lourdes Méndez, sostuvo que “hay que defender a las personas enfermas graves con un sufrimiento insoportable. Esta ley decide quien vive y quien muere, por lo que no podemos apoyar esta pendiente resbaladiza del suicidio asistido”.